Legalmente, los derechos de los ciudadanos extranjeros y sus inversiones y la adquisición de bienes raíces en el mismo número están protegidos por acuerdos internacionales aprobados y firmados por la República de Chipre (por ejemplo, el “Banco Mundial para la resolución de disputas de inversión entre estados y ciudadanos de diferentes países ”, aprobado por la Ley No. 64 de 1966. y una parte de la legislación nacional).